Daniel Lacalle (Madrid, 1967) es doctor en Economía, profesor, escritor y gestor de fondos de inversión. Además, dedica parte de su tiempo a la divulgación económica en medios de comunicación de todo el país. En esta entrevista que concede a Interfaz analiza los asuntos más importantes de la actualidad económica nacional y de la Comunitat Valenciana.
-España ha cerrado 2021 con un IPC del 6,5%, cifras que no se veían en nuestro país desde hace 30 años. ¿Cómo afecta este aumento del coste de la vida al ciudadano y qué previsión podemos esperar al respecto?
– Una vez que se lanza toda una batería de estímulos fiscales y monetarios, el impacto inflacionario no se para rápidamente, no es tan sencillo. Los analistas tienden a pensar que la inflación se va a reducir rápidamente, y lo que estamos viendo es que los precios de los alimentos, de la energía o los bienes básicos continúan subiendo. Cuando los bancos centrales o los gobiernos nos dicen que se va a reducir la inflación en 2022, lo que nos están diciendo que se va a reducir es el ritmo de subida, porque la inflación es acumulada.
-En los últimos meses hemos pulverizado todos los récords del precio de la luz. ¿Cree que las medidas impulsadas desde el Gobierno han ayudado a paliar este aumento de gasto para las familias y las empresas?
– Las medidas del Gobierno han sido claramente contraproducentes, porque lo que han hecho es introducir inseguridad jurídica y frenar el impulso inversor que puede ayudar a que luego se reduzca el precio de la luz. La única medida con un efecto relativamente positivo para las familias ha sido la bajada de los impuestos, que en cualquier caso no ha producido un gran impacto. Las familias se han encontrado con una subida de un 30% – 40% con respecto al año 2020. Ya se ha normalizado en el discurso del Gobierno y sus medios afines que 200 euros por MW/hora es un precio fantástico, por lo que ya no existe el debate, ya se ha acabado. Ya se ha institucionalizado que vamos a tener que tragar con precios de la luz absolutamente disparatados y vienen por una política totalmente equivocada por parte del Gobierno.
–El Gobierno pactó con sindicatos y patronal la reforma laboral, pero ahora debe conseguir que se apruebe en el Congreso. ¿Va a mejorar el mercado laboral de nuestro país con esta reforma?
– La temporalidad es un factor de incertidumbre y uno de los factores que indican precariedad, pero este Gobierno utiliza esta reforma para disfrazarlo. Y, lo que es más peligroso, no hace nada para combatir las causas verdaderas de la temporalidad. España es uno de los países donde es más caro contratar y uno de los países donde hay más escollos burocráticos y fiscales para contratar. Ese problema no lo soluciona, sino que lo empeora, por lo que no creo que la reforma vaya a tener ningún factor de cambio estructural o positivo. Creo que es una mala reforma laboral.
–La reforma de las cuotas de los autónomos, uno de los sectores que más ha sufrido durante la pandemia, ha levantado polvareda. ¿Por qué da la sensación de que nadie mira nunca por los autónomos, a pesar de que generan un tercio del empleo en nuestro país?
– Es muy claro. No es un ‘lobby’, y desde el punto de vista electoral al Gobierno no le preocupa. Para la izquierda, los autónomos son peligrosos. La izquierda no quiere una economía con una cantidad fuerte de autónomos, porque no dependen de los convenios, los sindicatos, del Gobierno, etcétera.
-Partidos como Compromís aquí en la Comunitat Valenciana defienden probar con un modelo de jornada laboral de 32 horas semanales. Aseguran que la productividad mejoraría, así como la conciliación. ¿Qué opina?
– Es una tontería, porque parte de la base de asumir que todos los sectores pueden tener jornadas semanales de 4 días, y que eso no va a tener ningún impacto sobre todos los sectores. Como son intervencionistas, ellos quieren introducir cambios generalizados aunque no tenga ninguna lógica hacerlo de manera generalizada. Lo que debe haber es mayor flexibilidad, para que haya remuneración a los trabajadores por cumplimiento de objetivos en vez de por horario, para que haya diferentes formas de llevar a cabo tu jornada laboral… Pero lo que ellos están proponiendo no ha funcionado en ningún sitio. Lo que necesitamos es más flexibilidad.
-Parece que 2022 puede ser un año importante en lo que a la reforma del sistema de financiación autonómica se refiere. ¿Cuál cree usted que sería el criterio más justo para este reparto? ¿Cree que se logrará un acuerdo?
– En España tenemos una financiación autonómica en la que se premia al que incumple con sus compromisos, y se penaliza al que ahorra y gestiona bien. La Comunitat Valenciana puede parecer que tiene un problema de infrafinanciación con el tema de la población, pero si lo ves desde el punto de vista de la recepción de fondos del Fondo de Solidaridad Autonómica, entonces no está infrafinanciada. El gran problema es que cuando todas las comunidades dicen que están infrafinanciadas, la realidad es que ninguna lo está, porque ninguna quiere llevar a cabo un análisis serio de racionalización de su gasto. Parece que es una carrera para ver quién detrae más recursos de los demás. El debate de si tiene que ser una cuestión vía población… ¡qué tontería! Se tendrá que hacer un análisis en base a la generación de riqueza para el país. No se pueden repartir recursos en base a factores no económicos. Las comunidades autónomas que más generación de riqueza aportan deberían ser las más beneficiadas, con un sistema de incentivos positivos. Como ocurre a veces en el debate en Valencia, el Gobierno lo que hace es incurrir en déficits estructurales, gastando sin control y con un gasto clientelar, y luego dicen que están infrafinanciados. Es un sistema que incentiva a hacerlo mal, que es lo que está haciendo el gobierno actual de la Comunitat Valenciana: que sabiendo cómo funciona el sistema, luego entra en el concepto completamente ridículo del reparto del déficit, como si tuvieses derecho al despilfarro y si lo hacen mal, le van a dar más ayudas y le van a financiar más barato.
–El Gobierno valenciano ha acordado implementar la tasa turística en los municipios que así lo pidan, a pesar del rechazo del sector hotelero. Desde el Botànic alegan que es un impuesto que existe en muchas ciudades europeas. ¿Qué opina sobre esta tasa?
– Me parece una aberración y me da exactamente igual que esté implantada en otros lugares. Esta obsesión socialista de copiar las cosas que hacen mal en otros sitios, pero no las que hacen bien… Se llenan la boca diciendo que otras ciudades tienen tasa turística, pero lo que no hacen es lo que las otras ciudades en cuanto a facilidades para el sector, costes laborales, costes burocráticos, etcétera. Estamos tan acostumbrados a aceptar estas veleidades intervencionistas de gente que jamás ha creado un puesto de trabajo, que nos parece hasta una buena idea lo de que se ofrezca como opción a los municipios, porque si esas ciudades deciden unilateralmente no implementarlo, entonces luego la comunidad autónoma les penaliza. Es una aberración que parte de la base de que los que generan riqueza, los que traen capital en nuestro país, que es lo que hace un turista, esas personas tienen que pagar un canon por el privilegio de traer capital y progreso a nuestro país.
–En plena sexta ola, con Ómicron haciendo estragos en cuanto a los contagios, las bajas laborales disparadas… ¿Van a ser los fondos europeos la panacea de la recuperación para nuestro país? ¿Qué pronóstico puede realizar al respecto?
– Que los fondos europeos no van a ser la panacea lo sabemos todos. Es obvio que se van a despilfarrar en su inmensa mayoría. Este tipo de fondos de programas mal llamados de estímulo, no tienen el efecto multiplicador que los gobiernos venden. Nunca. En este caso particular, la evidencia es que el Gobierno desde agosto no actualiza los datos de cómo se están implementando esos fondos, no sabe qué porcentaje de esos fondos ha ido a las empresas. Están utilizando esos fondos desde el punto de vista de generar pagos clientelares para comunidades autónomas y administraciones cercanas a ellos. La AIReF ya alerta de que mucho del gasto se quiere estructuralizar. Es decir, que no es que se utilicen esos fondos para una cosa, sino que se convierten en parte del presupuesto.
-La reconversión de la banca y la digitalización de algunos servicios esenciales ha provocado que millones de españoles, principalmente personas mayores, se sientan desamparados al no poder realizar sus trámites de forma presencial. ¿Qué opina de esta situación?
– Esta situación no se soluciona llenando los pueblos de sucursales deficitarias, a menos que las quieras pagar con unas comisiones brutales. No se soluciona poniendo a personas detrás de un cajero para sellar la libreta, lo siento. Se soluciona haciendo la interacción digital mucho más sencilla. El problema no es que las personas mayores no tengan capacidad de aprender, porque aprenden rápidamente. El problema es que las páginas web de los bancos no son sencillas. Los mayores debemos acostumbrarnos a que no es más cómodo tener una libreta en un cajón y que alguien te la selle. Claro que hay que acostumbrarse.
–Usted se dedica, entre otras cosas, a explicar la economía, ya sea en las aulas, o en apariciones en televisión, o en artículos de opinión. Tratándose de un ámbito tan técnico y en ocasiones complejo, ¿Cómo consigue explicarse para que todo aquel que le escucha pueda entenderle?
– La divulgación se debe hacer desde el objetivo de que, si una persona no me entiende, la culpa es mía. Una de las falacias de la economía es que es difícil. La economía no es difícil. Lo que pasa es que hay todo un engranaje de economistas que lo que intentan es que tú creas que es difícil, fundamentalmente para convencerte de que dos más dos suman veintidós. El objetivo en muchos casos de algunos economistas no es que tú entiendas la economía, sino hacer parecer que ellos son muy expertos y que son los únicos que te pueden hablar de economía.
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