El sector contratista de la Administración, reunido en Valencia con motivo de la celebración del V Simposio Nacional sobre Buenas Prácticas en la Contratación Pública, ha consensuado un manifiesto de diez puntos básicos en el que solicita a las distintas administraciones la mejora del actual sistema de licitación pública.
En las conclusiones del encuentro, el presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas del Conocimiento e Ingeniería de España (CIES), Ignacio Sánchez de Mora, dio a conocer las principales reivindicaciones del sector, formado mayoritariamente por ingenierías, constructoras y empresas de arquitectura que trabajan codo a codo con las administraciones en la proyección y ejecución de todo tipo de proyectos. «En los servicios intelectuales, y en general en el sector de la construcción -explicó Sánchez de Mora- nos topamos a diario con numerosas deficiencias. Los procedimientos son lentísimos, los precios de salida muy bajos, los importes de adjudicación todavía más bajos debido a que las fórmulas de valoración económica fuerzan muchas veces ofertas muy agresivas. Una parte importante de las obras y proyectos van directamente a encargos a medios propios de la Administración o empresas públicas, constituyendo en ocasiones un aparato paralelo. Hablamos de entes que reciben encargos directos. De esta forma el mercado se hace más pequeño, y en último término es el ciudadano el que sale perdiendo».
Sánchez anunció un doble compromiso ante los asistentes; la publicación de un Manifiesto que sintetice las propuestas de mejoras para las licitaciones y, a medio plazo, la elaboración de una Guía de Buenas Prácticas para su remisión a las distintas administraciones; Estado, comunidades autónomas y entidades locales.
Según el máximo dirigente de CIES, las mejoras que proponen son concretas y factibles: «Queremos mejorar el bienestar social, el medio ambiente y contribuir con nuestra innovación, estudios y proyectos al desarrollo sostenible de España, pero para ello necesitamos contar con un sistema de contratación y licitación pública más ágil, eficiente y racional. No olvidemos que el objetivo final de las obras y proyectos son los ciudadanos, quienes dan sentido y utilidad a todo lo que proyectamos y construimos».
Las deficiencias apuntadas desde el sector contratista son evidentes: «Asistimos con demasiada frecuencia a proyectos cuyo presupuesto inicial se aleja mucho de lo que finalmente le cuesta al erario público la ejecución de tales actuaciones, que en ocasiones conllevan un sobrecoste económico excesivo, o cuya ejecución y puesta en marcha se dilata en el tiempo más allá de lo razonable. Todo ello repercute en el ciudadano».
«Los plazos actuales para desarrollar un proyecto y ejecutar las obras -concluyó- son muchas veces inviables. De la misma forma, en el sector privado los plazos para obtener licencias, autorizaciones o permisos conllevan que en ocasiones no sea rentable la inversión. Para proyectar bien hace falta tiempo, dinero y recursos. Todo esto es lo que queremos cambiar».
Primera vez en Valencia
La primera vez que recala en Valencia, el simposio ha puesto especial énfasis en los criterios de adjudicación utilizados por las diferentes administraciones públicas a la hora de resolver los concursos, toda vez que las ediciones anteriores del encuentro han centrado su interés en aspectos como la revisión de precios (Sevilla), los encargos a medios propios de la Administración (Málaga), las concesiones a través de los fondos Next Generation (Madrid) y los honorarios de licitación (precios base), este último celebrado en Santiago de Compostela.
La presentación de la jornada corrió a cargo de José Vicente Dómine, secretario autonómico de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, José Luis Santa Isabel, presidente de la Federación de Empresas de la Comunitat Valenciana Contratistas de Obras de la Administración (FECOVAL), e Ignacio Sánchez de Mora, presidente de CIES.
A lo largo de seis ponencias y tres mesas redondas, los asistentes abordaron la problemática existente desde todos los puntos de vista posibles, y analizaron aspectos como los servicios intelectuales de valor añadido que recoge la Ley de Contratos del Sector Público, las licitaciones de ejecución de obra y servicios técnicos, los medios propios de la Administración y la redacción de pliegos, entre otras muchos. Todo el sector quiso estar presente en la cita, como demuestra los más de 300 ingenieros, arquitectos, constructores, técnicos de la Administración, expertos jurídicos, interventores y especialistas de la construcción que se congregaron en las instalaciones de la UPV para debatir sobre estas cuestiones.
El encuentro ha sido organizado por CIES, FECOVAL, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunidad Valenciana y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante, junto con la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la UPV. Entre las entidades que han colaborado figuran el Ministerio de Transportes, la Generalitat Valenciana, Avinco, la UPV, diversas cátedras universitarias empresariales del ámbito de la ingeniería y la construcción, constructoras, ingenierías, así como la Confederación Nacional de la Construcción, SdP estudio legal o el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros, de la Administración Local, entre otras muchas.
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