En apenas una semana la Generalitat Valenciana ha recibido dos sentencias condenatorias vinculadas a la gestión del COVID por parte de la Conselleria de Sanitat.. El Juzgado de lo Social número 5 de Alicante ha fallado que la salud de los trabajadores médicos estuvo expuesta a una situación de alto riesgo por la ausencia de material de protección durante el inicio de la pandemia. Y siete días después, la Conselleria de Sanidad recibió otra sentencia condenatoria por la discriminación al personal sanitario de centros privados, al no vacunar al mismo tiempo a médicos de la pública y la privada, vulnerando el derecho fundamental a la igualdad y a la salud. La consellera Ana Barceló compareció a petición propia en las Cortes Valencianas y defendió su gesión durante la pandemia, incidiendo en las dificultades de encontrar material de protección en el inicio de la pandemia. En su opinión, «nunca se discriminó» a los profesionales de la sanidad privada.
La sentencia sobre esta discriminación la ha emitido el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante da la razón al Colegio Oficial de Médicos de Alicante, que será indemnizado con 10.000 euros en concepto de daños morales. Los médicos que ejercen en el sector privado de Alicante, como ocurrió en toda la Comunidad Valenciana, no han recibido el mismo trato que sus compañeros de la sanidad pública a la hora de vacunarse. El juez insiste en que “la norma no solamente no distingue entre sanidad pública o privada”, sino que también considera que “todo el personal sanitario que estuviera en primera línea de batalla contra el virus tenía absoluta prioridad para ser vacunado, prioridad que la Administración valenciana no respetó”. El juez incide en que el trato por parte de la Administración “debió de ser exactamente igual para el personal sanitario que ejercía en la sanidad pública como para el que se encontraba ejerciendo sus funciones en la sanidad privada”, especialmente cuando en la vacunación del primer grupo – residentes y personal sanitario en residencias de ancianos – no se distinguió entre residencias pertenecientes al sector público y las integradas por el sector privado”.
La abogada María José Santa Cruz, experta en Derecho de Responsabilidad y Daños, ha analizado en el programa El Faro de La 8 Mediterráneo TV estas dos sentencias. La socia de Santa Cruz Abogados ha dado las claves jurídicas de los dos fallos dictados en la última semana contra el Gobierno Valenciano: por la desprotección de los sanitarios en el inicio de la pandemia y por la discriminación de los médicos de la sanidad privada repecto a los profesionales de la pública a la hora de suministrarles la vacunación contra el COVID. En la entrevista con Luis Motes, María José Santa Cruz explica los dos fallos y da su opinión sobre el recorrido judicial que pueden tener estas decisiones a partir de ahora y qué puede pasar con las indemnizaciones.
María José Santa Cruz considera que la denuncia por la falta de material de protección de los sanitarios en el inicio de la pandemia ha encontrado la vía para progresar al acogerse a la legislación vidente en materia de derechos laborales y seguridad en el trabajo. Destaca que hay muchas sentencias pendientes por denuncias similares en otros juzgados de la Comunidad Valenciana y cree que esta cuestión se dilucidará en instancias judiciales superiores, que serán las que sienten jurisprudencia. respecto a la discriminación en la vacunación, considera que la sentencia refleja el «abandono de la sanidad privada» por parte de la Administración en la pandemia. Esta es la entrevista completa, emitida en el programa El Faro:
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