Para el COAPIV que los dos decretos de vivienda no se hayan convalidado demuestra que es un mecanismo ineficaz
Reclaman consenso político y una reforma profunda de la normativa para proteger a los inquilinos sin romper el equilibrio con los propietarios
El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia (COAPIV) considera que la no convalidación de los dos reales decretos-ley en materia de vivienda vuelve a evidenciar que esta figura normativa no es el instrumento adecuado para regular cuestiones estructurales que afectan directamente al mercado del alquiler y a la relación entre propietarios e inquilinos.
La entidad defiende que la vivienda requiere medidas estables, previsibles y consensuadas, capaces de ofrecer seguridad jurídica a todas las partes. Para el COAPIV, regular mediante decretos ley aspectos esenciales de los arrendamientos introduce incertidumbre, dificulta la planificación de propietarios, inquilinos y profesionales, y puede generar un aumento de la litigiosidad.
El Colegio comparte la necesidad de proteger a las personas vulnerables, contener la subida de los precios y combatir prácticas irregulares en el mercado del alquiler. Sin embargo, considera que estas medidas deben abordarse desde una reforma más amplia, dialogada y técnicamente sólida, y no mediante normas urgentes cuya continuidad queda condicionada a una posterior convalidación parlamentaria.
“Se ha vuelto a demostrar que el decreto ley no es una herramienta apropiada para regular asuntos tan importantes como los arrendamientos y la relación entre propietarios e inquilinos. Está claro que hay que proteger la vulnerabilidad y contener la subida de los precios, pero estas no son las formas. Cualquier reforma debe buscar siempre el equilibrio entre ambas partes y hacerse desde el consenso político y la seguridad jurídica”, ha señalado Vicente Díez, portavoz de la Junta de Gobierno del COAPIV.
El COAPIV considera que algunos aspectos incluidos en los decretos no resultaban adecuados para garantizar ese equilibrio, especialmente aquellas medidas que avanzaban hacia prórrogas obligatorias de larga duración o hacia penalizaciones al propietario en caso de no continuidad del contrato. A juicio de la entidad, este tipo de previsiones pueden desincentivar la oferta de vivienda en alquiler y generar el efecto contrario al deseado.
Desde el Colegio insisten en que la protección del inquilino y la seguridad jurídica del propietario no son objetivos incompatibles. Al contrario, ambos elementos son necesarios para consolidar un mercado del alquiler más estable, transparente y accesible. Sin confianza por parte de los propietarios, advierten, será difícil ampliar la oferta disponible y aliviar la presión sobre los precios.
Por ello, el COAPIV reclama una reforma en profundidad de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la Ley de Vivienda e incluso la Ley de Propiedad Horizontal, con el fin de abordar el problema del acceso a la vivienda desde una perspectiva global. La entidad sostiene que el reto actual del mercado residencial va mucho más allá de una medida puntual y exige una respuesta legislativa estructural.
El Colegio destaca también que la creciente complejidad normativa refuerza el papel de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria como profesionales cualificados para asesorar a propietarios e inquilinos, garantizar el cumplimiento de la normativa y aportar seguridad en las operaciones de arrendamiento.
El COAPIV reitera su disposición a colaborar con las administraciones públicas en el desarrollo de políticas de vivienda que combatan el fraude, mejoren el acceso a la vivienda y refuercen la protección de los ciudadanos, pero siempre desde el consenso, la estabilidad normativa y el equilibrio entre propietarios e inquilinos.
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