Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, y Susana Camarero, vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, han presentado en el Palau de Generalitat el nuevo decreto de Vivienda de Protección Pública (VPP) de la Comunitat Valenciana. Se trata de una normativa que, según Mazón, “va a marcar un antes y un después tanto en la Comunitat como a nivel nacional”, y en cuya confección ha sido voz de referencia la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV). El director de la Cátedra, Fernando Cos-Gayón, ha participado junto a Camarero y Begoña Serrano, directora del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), en una mesa redonda donde se ha analizado la situación actual de la vivienda en la región.
El análisis del precio de la vivienda libre en cada municipio de la Comunidad Valenciana, que realizará la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València, será la referencia para establecer el coeficiente corrector en el módulo dinámico introducido en el decreto, que permitirá implementar un ajuste del precio de cada zona tensionada.
“No hay indicador más potente para el aumento de precios que la escasez de vivienda y no es un problema de los pisos desocupados ni de los turísticos. El impacto de ambos en el problema global es residual”, ha señalado Cos-Gayón durante el acto.“ El desequilibrio entre la oferta y la demanda es brutal”, ha añadido. “¿Por qué?, ¿cómo puede ser que habiendo tanta gente con ganas de comprar no se hacen más viviendas? Porque los números no salen”.
Para el director de la Cátedra Observatorio de la Vivienda UPV, “es imposible que la administración pública tire sola de este carro, porque además lo acabaríamos sufriendo todos”, por lo que la solución para “por incentivar la inversión privada y promover la colaboración público-privada”.
“A corto plazo”, ha indicado el investigador de la UPV, “el objetivo debe ser generar suelo donde la presión está distorsionando el mercado. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 15 años habrá 4 millones más de personas, y el principal foco de demanda está en la gente joven y los inmigrantes, que son “necesarios y están ocupando el mismo nicho que los jóvenes a nivel de búsqueda de vivienda”.
La vivienda unipersonal y el tipo impositivo
A la hora de mirar al futuro, Cos-Gayón considera también clave tener claro el nuevo modelo de vivienda –“el INE indica que, en 15 años, el 33% de las viviendas serán unipersonales”, modificar el tipo impositivo –“gravar con un 10% de IVA la vivienda de personas vulnerables a las que luego tienes que subvencionar es absurdo”- y “relajar la normativa de construcción en eficiencia energética para viviendas protegidas de alquiler social”. Es impopular, pero otros países europeos ya lo están haciendo porque estar subiendo constantemente el módulo de precio de construcción es insostenible”.
En todo caso, el director de la Cátedra Observatorio de la Vivienda UPV considera que el nuevo decreto “va en la dirección adecuada porque, entre otras cosas, necesitamos vivienda protegida en suelo que no sea protegido y este nuevo decreto establece unos criterios precisos para ello”.
Novedades del nuevo decreto
Entre las novedades del nuevo reglamento, destaca el establecimiento de distintos niveles de protección: 30 años para las promociones en suelos calificados para VPP, 20 años para aquellas promociones que se desarrollen en suelos que hasta ahora se destinaban a la construcción de viviendas libres, y 15 años para las viviendas calificadas como vivienda joven, categoría en la que Mazón ha señalado que “obligatoriamente deberá contener una reserva del 40% de la promoción para menores de 35 años y familias monoparentales”.
Además, el nuevo decreto, que según Mazón “promoverá la simplificación normativa y administrativa garantizando la seguridad jurídica”, va a desplegar un nuevo sistema para la fijación de precios máximos. Se trata de un módulo dinámico pionero en España que, en base a los costes de edificación, se ajustará de acuerdo con la evolución de los precios de mercado de la vivienda libre, la presión demográfica y la evolución de las rentas medias en cada uno de los municipios de la Comunidad Valenciana.
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