La primera jornada del IX Congreso AIRE 2025, que se celebra hoy y mañana en la Universitat Politècnica de València, ha puesto el foco en las soluciones posibles para paliar la crisis de la vivienda. En la apertura de la jornada el director de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la UPV y del congreso, Fernando Cos-Gayón, ha incidido en que la administración debe contar con el sector inmobiliario para conseguir el objetivo fundamental, que es facilitar el acceso a la vivienda. Ha criticado los efectos negativos de la Ley de Vivienda estatal en sus dos años de aplicación: “Ese no es el camino, porque incidirá en que sigan subiendo los precios. Hay que conseguir bajar la presión fiscal sobre la vivienda. En Valencia ya estamos viendo la foto de los asentamientos informales y, si no cambian las cosas, eso no es nada para lo que ha de venir”.
En la mesa de expertos dedicada a analizar las soluciones al problema social de la falta de vivienda, se ha puesto sobre la mesa la responsabilidad de la administración pública en este campo. La posibilidad de usar el suelo dotacional para la promoción de vivienda pública o la aplicación del desarrollo forzoso del suelo se han planteado como opciones que los ayuntamientos pueden poner en marcha para paliar el tremendo desajuste entre la falta de suelo y vivienda y la gran demanda existente en el mercado. En el caso de la Comunidad Valenciana los expertos han valorado positivamente el establecimiento del módulo dinámico en la normativa autonómica para la promoción de vivienda protegida, pero se ha insistido en la necesidad de acelerar los tiempos administrativos para poder promover vivienda pública.
En la apertura de la jornada, el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, ha criticado la legislación nacional en esta materia, destacando también que “se ha dado carta de naturaleza a la ocupación de viviendas” y criticando que “se ha demonizado injustamente al sector de la construcción”. Ha reclamado un marco de seguridad jurídica que apoye la promoción de vivienda y rebaje su carga fiscal. Considera que desde la Generalitat Valenciana se ha impulsado la colaboración público privada y que, “frente al déficit estructural originado en las dos pasadas legislaturas, se están dando pasos firmes en la dirección adecuada” para habilitar suelo y construir vivienda pública.
La Cátedra Observatorio de la Vivienda ha hecho un análisis de la situación actual en Valencia a través de sus estudios trimestrales, que pone el foco nuevamente en la falta de suelo y vivienda para hacer frente a la demanda existente. El mismo escenario lo ha presentado Daniel del Pozo, managing director de Idealista Data. En base a los datos del mercado que obtiene Idealista, con más de un millón de búsquedas diarias en su plataforma, ha mostrado que el control de precios al alquiler es una medida que no funciona. Ha señalado la inseguridad jurídica como clave en el descenso de la oferta de alquiler en España. En Valencia ha destacado el dato de que únicamente el 0’78% de las viviendas está en el mercado de alquiler. Un mercado que se ha disparado de precio desde 2022. Ante la subida de la demanda y la escasez de oferta, prevé un progresivo encarecimiento de la vivienda.
Por parte de Sareb ha intervenido esta mañana en AIRE Pau Pérez Acha, su director de Vivienda Social y Asequible. Ha puesto en valor que en 2024 esta sociedad pública vendió 10.000 viviendas y que desde 2022 su objetivo no es solo liquidar el patrimonio inmobiliario heredado de las entidades bancarias tras la crisis de 2008, sino también cumplir un objetivo social. En ese sentido, ha destacado la cesión de 305 viviendas en localidades afectadas por la dana: 180 ya entregadas y 125 en ejecución. Ha destacado que actualmente Sareb gestiona 9.000 alquileres y que se centra en alquileres asequibles para personas en riesgo de exclusión social.
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